El muro contra la marihuana se esfuma en Latinoamérica

En los últimos meses hemos asistido a lo que sin duda alguna son los primeros pasos para que se derrumben las trabas contra la legalización de la marihuana en todo el continente americano. La realidad se está imponiendo más allá de  los discursos de la  vetusta clase política.

Las últimas noticias sobre este tema soplan del Caribe. Ahí los 15 Estados agrupados en el CARICOM han abierto un debate sobre la  legalización de esta planta con fines médicos, y quieren hacer de su producción una  industria que contribuya a mejorar la deprimida situación económica de esa región.

El bloque de países caribeños no han sido los únicos en abordar el tema de la legalización de la marihuana, lo ha hecho también el Comité de Justicia del Senado de los Estados Unidos en un debate histórico en el que por primera vez se discutió este asunto.

El Gobierno de Obama decidió recientemente no actuar en contra de aquellos Estados en los que es legal el consumo de la marihuana con fines médicos y de recreación, siempre y cuando esas medidas no contravengan la nueva estrategia central contra las drogas.

La Administración norteamericana  ha optado por unas políticas que estén basadas en la prevención y en la salud, y no en la persecución a los consumidores, que era  como lo estaban haciendo hasta ahora.

La  nueva posición del Gobierno estadounidense sobre este tema se dio a conocer hace unas semanas tras un largo silencio, después  de las elecciones del pasado 6 de noviembre, en las que los Estados de Colorado y Washington legalizaron la marihuana con fines de recreación.

En México,  tierra fértil del narcotráfico y de las narcoguerrillas  ya se han escuchado voces para legalizar esa droga.  En el país Azteca se ha abierto también un intenso debate sobre la legalización de la marihuana promovida por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 Las opiniones de los mexicanos se expusieron en un foro denominado: “De la prohibición a la regulación: nuevos enfoques sobre políticas de drogas” en las que participaron también especialistas de Holanda, Portugal, Suiza y organismos de derechos humanos.

Uruguay da el  paso en Latinoamérica

El pequeño país suramericano, que cuenta con más de tres millones de habitantes, ha conseguido lo que otros países llevan meses intentando.

 Uruguay ha aprobado un proyecto de ley para legalizar el consumo, la venta y la distribución de la marihuana. La propuesta de regulación fue ratificada con 50 votos a favor y 46 en contra, y permitirá al Estado uruguayo controlar el negocio del cannabis y dar  licencias a empresas para que la produzcan y la distribuyan.

El debate sobre la despenalización de las drogas se está imponiendo con fuerza en toda América y es la primera vez que un Estado del continente adopta una posición contraria a la política de Washington que fue el que diseñó, a principio de los años 70, los lineamientos para combatir el narcotráfico.

La medida adoptada por el país suramericano es un punto de inflexión importante en la lucha contra el narcotráfico y puede ser un modelo a seguir para varios países iberoamericanos que buscan desesperadamente alternativas para frenar la violencia en sus territorios.

El presidente de Uruguay, José Mujica (78 años) defendió la legalización de la marihuana en su país con estos argumentos: la sociedad se ha vuelto vieja al no comprender que las drogas siempre han estado ahí, que no las ha inventado el Gobierno y que existe un mercado ilegal que habrá que controlar.

“Yo soy antiguo y viejo… Nunca en mi vida probé un porro (cigarro de marihuana), pero me doy cuenta, me tengo que rejuvenecer las neuronas y darme cuenta, cuál es la vida de los muchachos” reconocía el mandatario hace unos días a la prensa.

El debate empezó en Guatemala 

Uruguay, Colombia y Guatemala, han sido los países iberoamericanos que han puesto en el debate público el tema de la despenalización de las drogas. Sin embargo, el primero que alzó la voz para hablar sobre ese fenómeno social fue el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.

El mandatario guatemalteco propuso a la comunidad internacional que el problema de las drogas se abordará como un asunto de salud pública y como una alternativa para resolver el tema de la violencia en su país.

La región centroamericana que ha sufrido en los últimos años las consecuencias directas del narcotráfico es en la actualidad una de las zonas más violentas del mundo.

La propuesta de Pérez Molina tuvo resonancia en todo el continente americano, sin embargo nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato, solamente obtuvo velados apoyos a su propuesta, pero sin ningún resultado concreto.

Obama, las armas y Centroamérica

armas Centroamerica

Deylin Gutiérrez

No sabemos si llegarán a buen puerto, pero la ofensiva contra las armas que lanzara recientemente el presidente Obama beneficiará de alguna manera a la seguridad de México y Centroamérica.

Las autoridades de la región se han quejado de que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no tendría sentido mientras los Estados Unidos no pusiera de su parte en el tema. Y en eso llevaban razón.

Sostienen que no es posible que en la batalla contra la delincuencia organizada, la región ponga los muertos y que los Estados Unidos -que es el último eslabón de la cadena sangrienta- solamente hagan declaraciones de buenas intenciones para atajar el problema.

Sobre todo cuando el mismo Obama reconocía públicamente que el 90 por ciento de las armas que obtienen los criminales mexicanos -y que luego se han trasladado a Centroamérica– provienen de los Estados Unidos.

La causa de la inseguridad de la región la tienen en parte las armas. Las legales y las ilegales. Las que entran y salen sin ningún control, y que en alguna ocasión fueron introducidas por el mismo gobierno de los Estados Unidos, como  es  el caso Fast and Furious  en el que miles de armas entraron de manera ilegal en México.

Un estudio sobre la delincuencia organizada en Centroamérica y el Caribe elaborado por la Naciones Unidas en  septiembre del 2012 refiere que el 77 por ciento de los homicidios ocurridos en la región se producen con armas de fuego y que detener el flujo de armas hacia los criminales  debería ser una prioridad para las autoridades.

La mayoría de armas que hay en la región han sido compradas legalmente en los Estados Unidos. Aunque algunas fueron traficadas, muchas de éstas son importadas con sus documentos en regla y sólo más tarde son desviadas al uso ilícito.

En general los rifles de asalto, no son los que más se utilizan en la delincuencia urbana. Sí lo son las pistolas, por ser más fáciles de ocultar, más fáciles de usar a corta distancia y más efectivas para casi todas las tareas de los criminales.

El informe de la ONU calcula que en Centroamérica hay unos 2.2 millones de armas de fuego registradas,  de las cuales 870 mil están en manos de las fuerzas de seguridad y 1.4 millones están registradas por civiles.  Además estima que hay unos 2.8 millones de armas  que no están controladas.

En Centroamérica no habría necesidad de traficar armas, si tomamos en cuenta que ya están aquí. Son en muchos casos, una herencia de la guerra de los años 80 y 90. Sin embargo, en la coyuntura actual la ubicación de esas armas y su demanda  no es la misma.

Salvo en circunstancias excepcionales, no hay una relación directa entre las armas de fuego de alto calibre y los homicidios ocurridos en la zona. La mayoría de  los crímenes se producen con armas cortas.

En Honduras, uno de los países más violentos del mundo,  el 63 por ciento de las pistolas incautadas entre 2008 y 2011 fueron las de 9mm y solamente se incautaron un 4 por ciento de los rifles de asalto. Lo que determina que el problema no son los rifles de asalto si no los revólveres.

Está por verse si esas medidas que anunció el presidente Obama van a surtir efecto en una región que se desangra todos los días por la violencia y el crimen organizado. Lo único que está claro  es que no será una batalla fácil para el presidente estadounidense y que en el camino pueden pasar muchas cosas.

Las hijas de la violencia

Por Deylin Gutiérrez

Imagen  de la agencia VU Miquel Dewever-Plana y de la periodista y escritora Isabelle Fougère.

Imagen de la agencia VU Miquel Dewever-Plana y de la periodista y escritora Isabelle Fougère.

Yo quería ser una mujer fuerte para que nunca me golpearan como a mi madre. Quería ser mejor para no dejarme lastimar por un hombre… En la calle buscaba amor, compresión, alguien que me diera afecto, pero yo sabía desde un principio que mi primera regla era matar, matar para conseguir amor.

Eso es lo que cuenta Alma, una ex marera guatemalteca en el documental web: Alma (hija de la violencia) que se estrenó haces unas semanas en las redes sociales y en la que narra sus andanzas en el infierno de la violencia.

Después de unos días le dijeron: ahora te vamos a bautizar, vas a integrar la  pandilla y vas a ser una de nosotros.  Y le dieron dos opciones: ¿quieres que te brinquemos a la ley del cholo -que era que me violaran- o  quieres que te golpeemos igual que a los homis?

Ella se decidió por la segunda, porque no quería ser una chica débil, quería sentirse con fuerza y que la respetaran igual que a los chicos. La idea de la violación no le hacía mucha gracia, pues había participado en una como espectadora, y no le gustó lo que vio aquella noche.

Y es que cuando se habla de las maras, se tiene la impresión de que ese es un mundo exclusivamente para los hombres. Sin embargo, hay evidencias bastante claras de que las mujeres también participan en esas actividades delictivas y Alma es una de ella.

El rol que desempeñan las mujeres en esos grupos está ligado a su condición sexual, y así como ocurre en otras esferas sociales, están subordinadas a lo que diga el varón.

En su mayoría se dedican a las labores del hogar, a cuidar a los enfermos y en menor grado al tráfico de armas y de drogas. Pero en los últimos años, éstas se han visto involucradas en actividades más violentas.

No se conocen cifras oficiales de las mujeres centroamericanas que están metidas en esos grupos criminales, sin embargo hay estudios independientes que sugieren que un 40 por ciento de las personas que dicen ser pandilleras son mujeres.

En Honduras, el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) calcula que en ese país hay un 20 por ciento de mujeres que pertenecen a estos grupos.

La mayoría de ellas, están organizadas en la mara Salvatrucha (MS-13) y operan principalmente en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo.

Hace unos meses la Policía de Honduras alertó sobre el aumento en la participación de las mujeres en las pandillas criminales, y que éstas  estarían siendo entrenadas para actuar como sicarios.

El estudio Violentas y violentadas, elaborado en Guatemala, por la Initiative for Peacebuildingconcluyó que la experiencia de las mujeres en las maras está marcado por la violencia, la dominación y el miedo a su contraparte masculina.  Esas situaciones las viven en sus hogares, la continúan experimentando en las pandillas y la repite con su pareja, incluso después de abandonar la pandilla.

El documento revela que la vía más común para que las mujeres ingresaran a las pandillas  ha sido el noviazgo.  Ellas tienen una relación previa con un miembro de la pandilla y éste les facilita su incorporación al grupo.

Los motivos principales por los que abandonan esos grupos suele ser por la maternidad, cuando deciden crear una familia,  o cuando se meten a un grupo religioso.  Cuando se retiran deben de contar con la aprobación del grupo, si no es así serán consideradas unas traidoras y pueden pagarlo hasta con su vida.

Pasar durante cinco años en el infierno de las maras dejó a Alma secuelas difíciles de borrar. El día que le dijo a sus compañeros que dejaba la “clica”, éstos la dispararon varias veces y pensaron que la habían matado. Hoy está en una silla de rueda y en su pecho solo queda la marca de lo que fue su vida en esos grupos delincuenciales: los tatuajes.

Aquí puedes ver el documental completo de Alma – Hija de la violencia: http://alma.arte.tv/es/

El negocio de la inseguridad en Centroamérica

Las empresas de seguridad privada que operan en Centroamérica son en algunas ocasiones parte del problema estructural de inseguridad que afecta a la región. Sus beneficios dependen en gran medida del grado de violencia que se presente en la zona o de la relación que exista entre sus propietarios con las fuerzas del orden.

Un informe de la Federación Panamericana de Seguridad Privada presentado recientemente indica que en la región hay más de 200 mil personas dedicadas a este negocio, ubicadas principalmente en los países con mayor actividad delictiva.

Comúnmente se tiene la idea de que el auge de este tipo de empresas tiene una relación directamente proporcional con el aumento de la violencia en Centroamérica y por la incapacidad de las autoridades policiales para hacer frente al tema de la inseguridad, lo cual es cierto, pero no del todo.

También ha tenido que ver, la incursión a este tipo de negocios de algunos ex militares y ex policías, quienes han querido mantenerse activos valiéndose de sus relaciones y de la experiencia acumulada en su profesión.

Un informe de la OEA –publicado en 2008- sobre la seguridad privada como respuesta  a la seguridad en zonas urbanas, refiere que en Honduras estas empresas surgieron en la década de los años ochenta dentro de la propia policía y de las fuerzas armadas.

Los empresarios recurrían a las autoridades militares para contratar los servicios de seguridad privada y eran éstos los que además les otorgaban los permisos de funcionamiento para crear esos negocios.

En El Salvador esas empresas surgieron después del conflicto armado de los años ochenta. A pesar de las prohibiciones legales, la Policía tiene un programa denominado Bolsa de Trabajo Policial, que es voluntario y al que pueden acogerse aquellos oficiales que tenga un buen expediente disciplinario y que demuestren problemas económicos. Los funcionarios se encargan de la  vigilancia privada de los espectáculos y de los actos masivos.

En Guatemala, el país con mayor guardia de seguridad de la región, este tipo de negocios surgieron a principios de los años setenta y uno de los servicios que más ofrecían y lo siguen haciendo es, el de los antisecuestros. También ayudan a las víctimas que han sufrido algún tipo de extorsión.

En ese país, el 75 por ciento de las empresas de seguridad privada están gestionadas por ex militares y el 25 por ciento por ex policías.

En los últimos años, en la región se ha creado una economía poderosa relacionada con la inseguridad, tanto que hay más agentes de seguridad privada que miembros de las fuerzas públicas.

En Guatemala, según el periódico hondureño Proceso, es donde hay más agentes privados que policías de toda la región. Para proteger a los casi 13 millones de guatemaltecos hay unos 120 mil guardias de seguridad privada frente a los casi 20 mil oficiales del orden. Esos datos ubican a ese país centroamericano en uno de los más desproporcionados de todo el continente.

Pero hay también otras preocupaciones relacionada con estas empresas y es el tema de las regulaciones y de sus vínculos con actividades ilegales. En Honduras los guardias de seguridad privada se han visto involucrados en actos de violencia por un conflicto de tierras que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos.

Mientras en Costa Rica, una de cada cinco empresas de seguridad está bajo investigación por el desempeño irregular de sus agentes y muchas de éstas tienen los papeles vencidos desde hace más de diez años.

Es innegable  que  con el crecimiento de estas empresas han aumentado también la percepción de seguridad en algunas zonas, pero en aquellas donde no las hay se corre el riesgo de que la gente quede excluida y gestione sus propios mecanismos de defensa.

Las condiciones de seguridad pública que deberían de ser garantizadas por el Estado, cada vez se ven mermadas por la participación de la empresa privada, en una clara competencia de atribuciones. Si la situación sigue así, es probable que eso de la seguridad sea un asunto privado como tantos otros servicios que hay en la región.

¿Y si no hubiesen matado a Facundo Cabral?

Ha transcurrido  más de un año del asesinato del trovador argentino, Facundo Cabral a manos de sicarios en Guatemala. La muerte del artista conmovió a todos los países latinoamericanos y desveló una realidad que quiere ser ignorada: el crimen organizado está echando raíces en Centroamérica. Y peor aún, se está colando en las instituciones públicas, en países como Nicaragua donde esto, que sí sucede en Guatemala, antes parecía inimaginable.

Después de la muerte del argentino y con el caso prácticamente cerrado me he preguntado:  ¿las autoridades de Guatemala y del resto de países de Centroamérica habrían actuado de otra manera si en el asesinato en el que murió Facundo la víctima hubiese sido otra persona?

Facundo Cabral

Si no fuese por la muerte del autor del famoso tema: No soy de aquí, no soy de allá no nos hubiésemos enterado de todo el entramado que tenía montado el crimen organizado en la región.

No sabríamos que el problema del narcotráfico en Centroamérica es más complejo de lo que han querido dibujar con sutileza las autoridades. En efecto, la estrategia de combate del gobierno mexicano en contra los cárteles de las drogas ha hecho que los narcotraficantes se desplacen hacia los países vecinos.

Los medios de comunicación tampoco hubieran contado que el costarricense Alejandro Jiménez -un antiguo vendedor de frutas- se convertiría años más tarde en “El Palidejo”, el jefe de las drogas en Centroamérica y principal enlace con los cárteles de Colombia y de México. Jiménez, de 38 años, es el autor intelectual del asesinato de Cabral y actualmente se encuentra detenido en Guatemala.

Las autoridades judiciales le atribuyen cargos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y encubrimiento propio. Fue capturado cuando pretendía ingresar a Colombia y deportado a Guatemala. En Costa Rica, es buscado por blanqueo de capitales.

 El video muestra como mataron  a Facundo Cabral.

Tampoco nos habríamos enterado que Henry Fariñas, un luthier nicaragüense -y mira que hay pocos en el país- dejó sus herramientas de arreglar pianos y violines para dedicarse a los negocios del espectáculo y de los puticlubs. Pero como una cosa lleva a la otra y cualquier negocio busca hacer dinero, el nicaragüense radicado en Guatemala fue contratado por Jiménez para ser el representante “plenipotenciario” de los carteles de la droga en Nicaragua.

Fariñas, de 41 años, era el conductor de la camioneta que trasladaba a Facundo Cabral al aeropuerto internacional La Aurora, de Guatemala, el día del asesinato, y el blanco de aquel atentado. Se encuentra detenido en Nicaragua a la espera de ser juzgado por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.

No nos habríamos enterado además que la Policía de Nicaragua no es tan transparente como quieren hacernos creer, y que algunos de sus altos oficiales al parecer han tenido contactos con narcotraficantes y no precisamente para resolver temas de la institución.

Fue precisamente después de algunas publicaciones que hicieron los medios de comunicación; en las que se denunciaba a algunas autoridades policiales con personajes vinculados con el narcotráfico; que la directora general de la Policía Nacional de Nicaragua, Aminta Granera mandó a retiro a ocho jefes policiales. Entre los retirados estaba el subdirector de esa institución Carlos Palacios, quien supuestamente era amigo de Fariñas.

Sin la muerte del trovador, quizás no estaríamos enterados de que Julio César Osuna, el magistrado suplente del cuestionado Poder Electoral nicaraguense, trabajaba desde su posición que le daba tan alto cargo, para “Los Charros”, una banda de narcotraficantes ligada a “El Palidejo”.

El magistrado liberal era el encargado de elaborar y de vender documentos de identidad a narcos vinculados con el costarricense. La Policía encontró en la oficina del funcionario 250 documentos de identidad, más de 12 solicitudes y siete comprobantes de solicitud.
El funcionario se encuentra detenido y acusado por los delitos de crimen organizado y falsedad ideológica en contra del Estado de Nicaragua.

Una última cosa que salió a luz tras el crimen de Cabral, es que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos ( DEA por sus siglas en inglés) sabía todo sobre cómo opera el narcotráfico en la región, pero como suele ocurrir en este tipo de casos, no sé si por costumbre o por protagonismo político, los estadounidenses empiezan a soltar la información hasta que los hechos son del conocimiento público.

Sabían, según contó Michael Vigil, exagente especial de la DEA retirado desde 2004, que “El Palidejo” era el contacto entre varios de los narcotraficantes más buscados por la justicia estadounidense. Que movía grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, principalmente por Guatemala, droga que entregaba a los cárteles mexicanos.

La DEA conocía también que Henry Fariñas estaba ligado al narcotráfico desde hacía muchos años, y hasta ahora cuenta que lo tenían fichado, que fue deportado de los Estados Unidos en 1990, que trasportó drogas desde Honduras hacia ese país del Norte y que era un chico malo.

Es una pena que Facundo haya muerto de aquella manera tan cruel, pues nadie tiene el derecho a quitarnos la vida, ni muchos menos de la forma en la que lo hicieron con el artista, pero estoy seguro que si no fuese por la sangre derramada por “el mensajero de la paz” a como se le conocía al argentino, probablemente hoy todo estaría como si no hubiese pasado nada.