¿Y si no hubiesen matado a Facundo Cabral?

Ha transcurrido  más de un año del asesinato del trovador argentino, Facundo Cabral a manos de sicarios en Guatemala. La muerte del artista conmovió a todos los países latinoamericanos y desveló una realidad que quiere ser ignorada: el crimen organizado está echando raíces en Centroamérica. Y peor aún, se está colando en las instituciones públicas, en países como Nicaragua donde esto, que sí sucede en Guatemala, antes parecía inimaginable.

Después de la muerte del argentino y con el caso prácticamente cerrado me he preguntado:  ¿las autoridades de Guatemala y del resto de países de Centroamérica habrían actuado de otra manera si en el asesinato en el que murió Facundo la víctima hubiese sido otra persona?

Facundo Cabral

Si no fuese por la muerte del autor del famoso tema: No soy de aquí, no soy de allá no nos hubiésemos enterado de todo el entramado que tenía montado el crimen organizado en la región.

No sabríamos que el problema del narcotráfico en Centroamérica es más complejo de lo que han querido dibujar con sutileza las autoridades. En efecto, la estrategia de combate del gobierno mexicano en contra los cárteles de las drogas ha hecho que los narcotraficantes se desplacen hacia los países vecinos.

Los medios de comunicación tampoco hubieran contado que el costarricense Alejandro Jiménez -un antiguo vendedor de frutas- se convertiría años más tarde en “El Palidejo”, el jefe de las drogas en Centroamérica y principal enlace con los cárteles de Colombia y de México. Jiménez, de 38 años, es el autor intelectual del asesinato de Cabral y actualmente se encuentra detenido en Guatemala.

Las autoridades judiciales le atribuyen cargos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y encubrimiento propio. Fue capturado cuando pretendía ingresar a Colombia y deportado a Guatemala. En Costa Rica, es buscado por blanqueo de capitales.

 El video muestra como mataron  a Facundo Cabral.

Tampoco nos habríamos enterado que Henry Fariñas, un luthier nicaragüense -y mira que hay pocos en el país- dejó sus herramientas de arreglar pianos y violines para dedicarse a los negocios del espectáculo y de los puticlubs. Pero como una cosa lleva a la otra y cualquier negocio busca hacer dinero, el nicaragüense radicado en Guatemala fue contratado por Jiménez para ser el representante “plenipotenciario” de los carteles de la droga en Nicaragua.

Fariñas, de 41 años, era el conductor de la camioneta que trasladaba a Facundo Cabral al aeropuerto internacional La Aurora, de Guatemala, el día del asesinato, y el blanco de aquel atentado. Se encuentra detenido en Nicaragua a la espera de ser juzgado por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.

No nos habríamos enterado además que la Policía de Nicaragua no es tan transparente como quieren hacernos creer, y que algunos de sus altos oficiales al parecer han tenido contactos con narcotraficantes y no precisamente para resolver temas de la institución.

Fue precisamente después de algunas publicaciones que hicieron los medios de comunicación; en las que se denunciaba a algunas autoridades policiales con personajes vinculados con el narcotráfico; que la directora general de la Policía Nacional de Nicaragua, Aminta Granera mandó a retiro a ocho jefes policiales. Entre los retirados estaba el subdirector de esa institución Carlos Palacios, quien supuestamente era amigo de Fariñas.

Sin la muerte del trovador, quizás no estaríamos enterados de que Julio César Osuna, el magistrado suplente del cuestionado Poder Electoral nicaraguense, trabajaba desde su posición que le daba tan alto cargo, para “Los Charros”, una banda de narcotraficantes ligada a “El Palidejo”.

El magistrado liberal era el encargado de elaborar y de vender documentos de identidad a narcos vinculados con el costarricense. La Policía encontró en la oficina del funcionario 250 documentos de identidad, más de 12 solicitudes y siete comprobantes de solicitud.
El funcionario se encuentra detenido y acusado por los delitos de crimen organizado y falsedad ideológica en contra del Estado de Nicaragua.

Una última cosa que salió a luz tras el crimen de Cabral, es que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos ( DEA por sus siglas en inglés) sabía todo sobre cómo opera el narcotráfico en la región, pero como suele ocurrir en este tipo de casos, no sé si por costumbre o por protagonismo político, los estadounidenses empiezan a soltar la información hasta que los hechos son del conocimiento público.

Sabían, según contó Michael Vigil, exagente especial de la DEA retirado desde 2004, que “El Palidejo” era el contacto entre varios de los narcotraficantes más buscados por la justicia estadounidense. Que movía grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, principalmente por Guatemala, droga que entregaba a los cárteles mexicanos.

La DEA conocía también que Henry Fariñas estaba ligado al narcotráfico desde hacía muchos años, y hasta ahora cuenta que lo tenían fichado, que fue deportado de los Estados Unidos en 1990, que trasportó drogas desde Honduras hacia ese país del Norte y que era un chico malo.

Es una pena que Facundo haya muerto de aquella manera tan cruel, pues nadie tiene el derecho a quitarnos la vida, ni muchos menos de la forma en la que lo hicieron con el artista, pero estoy seguro que si no fuese por la sangre derramada por “el mensajero de la paz” a como se le conocía al argentino, probablemente hoy todo estaría como si no hubiese pasado nada.

El sueño americano se desvanece

Deylin Gutiérrez

Son tantos o más los que salen, que los que entran a los Estados Unidos. Los mexicanos se cansaron de emigrar al país vecino del norte y han decidido regresar a casa a probar suerte y olvidar el ansiado sueño americano, que para muchos se convirtió en una verdadera pesadilla.

Un estudio presentado recientemente por el Centro Pew Hispanic ha confirmado lo que en los últimos años es un secreto a voces. La inmigración mexicana hacia los Estados Unidos está bajo cero.

La investigación revela que entre el 2005 y el 2010 cerca de 1.4 millones de mexicanos ingresaron a los Estados Unidos, una cifra similar o mayor a los que hicieron el viaje al contrario. Pero ese descenso que se viene registrando desde hace una década  se explica por varias razones.

La más importante es la crisis económica del 2008 que ha afectado a los Estados Unidos y Europa, y que ha destruido miles de empleos principalmente en la construcción, un sector cíclico ocupado en su mayoría por trabajadores inmigrantes.

Un informe sobre la inmigración en las Américas elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA)  concluyó que en los primeros años de la crisis el 13.8 por ciento de los inmigrantes habían perdido el empleo frente a un 9.1 de los nacidos en el país. Esa situación de incertidumbre se complica más con los extranjeros, cuando la renovación de su tarjeta de residencia está sujeta a un contrato de trabajo.

Otro de los aspectos que ha  provocado el regreso de los inmigrantes  mexicanos a su país ha sido  la  aprobación de leyes para perseguir  a  los inmigrantes irregulares y el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos.

El Gobierno de Washington ha aumentado el número de personal y tecnología para vigilar las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Ha eliminado las redadas frente a  los centros del trabajo de los inmigrantes y por el contrario se ha centralizado en vigilar a las empresas para comprobar que están contratando a personas en situación regular. Si se descubre que los empresarios han contratado a gente de manera irregular, éstos son condenados a pagar una multa considerable.

Pero el caso más emblemático de acoso a los inmigrantes irregulares, ha sido la presentación de la ley de Arizona (conocida en sus siglas en inglés como la ley SB 1070)  emprendida desde Abril del 2010 por la gobernadora de dicho Estado, Jan Brewer,  para controlar la inmigración irregular.

Esa ley ha sido fuertemente cuestionada por distintos Gobiernos de Latinoamérica y  también por organismos de derechos humanos que trabajan el tema de la inmigración, porque en la aplicación de la misma se tiende a discriminar a las personas por cuestiones raciales.

Partes de esa ley se encuentra en debate en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a solicitud del Gobierno de Obama, pues la misma pretende autorizar a la policía  a pedir identificación a las irregulares, y a probar su condición migratoria en el país. El Gobierno estadounidense considera que esa disposición jurídica invade sus atribuciones  en el tema de políticas migratorias.

Un último aspecto que a juicio de los analistas está provocando el retorno de los inmigrantes  es la estabilización de la economía en su país y la creación de nuevas oportunidades de trabajo. Hay que destacar que pese a la crisis económica los países de Latinoamérica han sabido sortear los efectos adversos de esa situación.

Los flujos comerciales  y financieros de la región han ido creciendo desde la década de los 90 gracias a la diversificación de sus productos con el mercado asiático, principalmente con China.

De momento nadie se aventura a asegurar que el fenómeno migratoria de mexicanos a los Estados Unidos se haya terminado, pues lo más seguro es que cuando las cosas mejoren en  ese país, se necesite de mano de obra barata para mantener a  ese grupo de población que no crece, y que por el contrario se hace cada vez más vieja.

Los  mexicanos han abandonado Estados Unidos en un momento importante para el futuro de los inmigrantes de ese país, pues corren aires electorales  y como de costumbre los políticos les ofrecen el oro y el moro. Está por verse si los que se quedaron en los Estados Unidos y que tienen derecho a voto,  confiarán una vez más en las falsas promesas electorales de amnistía o por el contrario esperarán sentados en casa para ver cómo crecen a diario los sentimientos contra ellos.

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La otra Cumbre de las Américas

Deylin Gutiérrez

La VI Cumbre de la Américas terminó sin pena, ni gloria. No se alcanzaron acuerdos en casi ninguno de los temas que se pretendía discutir, pero la reunión internacional sigue dando de qué hablar y no por sus resultados, sino por un escándalo sexual.

Un grupo de escoltas del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama han  estado en la picota pública tras conocerse que contrataron a prostitutas en la ciudad colombiana de Cartagena. Lo hicieron en los días previos a la llegada del mandatario estadounidense para participar en la Cumbre.

En la reunión continental que se realizó a mediados de abril en la ciudad colombiana de Cartagena, se habló de Cuba, del conflicto entre Argentina e Inglaterra por el reclamo de las islas Malvinas y de la despenalización de drogas en Latinoamérica. Pero también se comentó la juerga que habían montado los escoltas de Obama en Colombia.

Y es que los agentes secretos que forman parte de la guardia pretoriana del presidente estadounidense presumieron durante esa noche de trabajar para Obama, mientras se divertían en un club de alterne. Se conoció que al menos dos de esas mujeres que estuvieron con los escoltas en el  club nocturno, luego fueron contratadas por éstos para pasar la noche en el hotel donde se alojaban.

La mañana siguiente de la juerga, una de las prostitutas que pasó la noche con uno de los agentes le solicitó el pago por los servicios prestados. El estadounidense se negó a pagar la cantidad que había prometido a la mujer, y así empezó lo que sería otro capítulo más de los escándalos sexuales que involucran a los Servicios Secretos de ese país.

Una  prostituta, de 24 años y madre soltera es la protagonista de la polémica que tiene con la moral por los suelos a esa organización.  Esa mujer que pasó la noche con uno de los escoltas de Obama contó recientemente al periódico The New York Times lo que sucedió aquel día en Colombia.

Según su versión,  ella y unas amigas fueron abordadas por un par de extranjeros en una discoteca (aunque se conoce que fue en un burdel), quienes les invitaron a sentarse con ellos y tomarse unas botellas de vodka. Fue durante esa fiesta que uno de los agentes de seguridad le propuso ir a su habitación en el hotel Caribe.

Durante el viaje de la discoteca al Hotel “Le dije que debía darme un regalo, él preguntó de cuánto se trataba y yo le dije que de 800 dólares” confesó la mujer al periódico.

A las 6 de la mañana del día siguiente, ambos fueron despertados por una llamada de la recepción del hotel solicitando que la mujer abandonara la habitación (por reglamento las prostitutas en Colombia solo pueden estar hasta las 6  de la mañana).

La acompañante pidió al agente de seguridad que le diese el dinero pactado por los servicios sexuales prestados aquel día pero éste se negó, pues alegaba que cuando llegaron al acuerdo él estaba borracho. Sin embargo, después de tantas discusiones cedió a la petición y  le entregó solamente 30 dólares.

Esa situación provocó que la prostituta se enfadara y le exigiera  a gritos que cumpliera con lo acordado y que le diera los 800 dólares que le había prometido, pero el escolta no hizo caso.  Tras varios minutos de altercado en la habitación ambos salieron al pasillo del hotel y continuaron discutiendo. Las otras prostitutas que salían a esa hora de otras habitaciones, se encontraron con aquella escena y se unieron  al reclamo de su colega, aunque no consiguieron ningún resultado y tuvieron que salir del lugar.

Al llegar a la recepción, la reclamante se encontró con un agente policial a quién le comentó lo sucedido con el escolta de Obama. Minutos más tarde ambos regresaron a la habitación del estadounidense para intentar mediar y evitar que aquel escándalo trascendiera a la opinión pública. Sin embargo, lo único que consiguió el policía colombiano fue que el funcionario norteamericano reuniese entre sus colegas 225 dólares más y entregárselo a la mujer para que se terminara la historia.

La prostituta, que prefiere que la llamen “escort o acompañante de lujo” pues entiende que cobrar más dinero la hace diferente del resto de trabajadoras sexuales, confesó al periódico que los agentes “nunca le dijeron que estaban con Obama. Eran muy discretos”.

En los últimos años el Servicio Secreto de los Estados Unidos ha estado rodeado de escándalos de todo tipo que han puesto en duda la credibilidad de esa organización.

En noviembre del 2009 una pareja burló todos los controles dne seguridad de la Casa Blanca y consiguió colarse en la primera cena de Estado que ofrecía el presidente Obama al primer ministro de la India  Manmohan Singh.

La pareja de intrusos, conocidos en los círculos sociales y deportivos de Washington posó frente a los camarógrafos de la Casa Blanca, junto al vicepresidente estadounidense Joe Biden y el secretario de Gobierno de Obama. Esas fotos fueron publicadas posteriormente en sus cuentas de facebook y twitter donde además contaron los detalles de cómo se colaron en la cena de gala.

Los Servicios Secretos también se vieron involucrados en un incidente durante los juegos Olímpicos del 2002 celebrados en Salt Lake City.  En esos días un agente que compraba un souvenir en una tienda de patinetas, dejó olvidado un plan detallado para la seguridad del vicepresidente Dick Cheney y su familia.

Pero los problemas con los Servicios Secretos vienen de lejos, pues uno de los casos más emblemáticos y que puso en  entredicho el profesionalismo de esa organización ocurrió el 14 de abril de 1856 en Washington con el asesinato del presidente Abraham Lincoln.

Ese día un actor de Maryland disparó un tiro en la cabeza a Lincoln, quien había asistido junto a su esposa a ver una ópera en el teatro Ford.  El policía asignado esa noche a la seguridad del presidente se había movido a buscar un mejor sitio, lo cual facilitó la tarea del asesino.

En cualquier caso, “el club de los muchachos” que acompañan ahora al presidente y a su familia siempre ha estado involucrado en escándalos públicos y sobretodo de orden sexual, y eso al parecer  ha sido una constante en su historia. Lo vergonzante  del caso de Colombia, es que los escoltas pusieron en peligro la seguridad de mandatario, pues como dijo el presidente de la Comité de Seguridad de la Cámara de representantes el hecho podría “haber sido desastroso”

El Salvador: prohibido matar hasta nuevo aviso

Deylin Gutiérrez

Nadie sabe con exactitud hasta cuándo durará la tregua que dieron recientemente al Gobierno de El Salvador, liderado por Mauricio Funes, los jefes de las maras para dejar de matar. Tampoco se conocen los alcances de esas negociaciones, porque ambos se han empeñado en negar tal acuerdo, a pesar de las evidencias. Lo que sí está claro es que la estrategia del Gobierno para frenar el fenómeno de las pandillas violentas ha sido un fracaso.

El presidente lo intentó y no pudo con ello. En septiembre de 2010 Funes, agobiado por el aumento de la violencia que azotaba a ese país centroamericano, aprobó la Ley de proscripción de maras y pandillas que penaliza con seis años de cárcel a aquellos que perteneciesen a grupos u organizaciones criminales.

Esa ley fue cuestionada por distintos  organismo de derechos humanos y por la Iglesia Católica porque, no resolvía el problema de la violencia que protagonizan esos grupos delincuenciales, criminalizaba la exclusión social y porque el sistema carcelario de El Salvador no estaba preparado para enfrentar la  avalancha de detenidos.

Después de un año de haber entrado en vigor  dicha  ley  las autoridades salvadoreñas comprobaron que la violencia había aumentado, los presos se quejaban de las condiciones infrahumanas que sufrían en las cárceles como consecuencia del hacinamiento y  el Gobierno no podía frenar la criminalidad en las calles.

Los datos de la violencia

La Policía Nacional Civil (PNC) de ese país estima que hay más de 28 mil miembros de pandillas y que de esos, nueve mil 566 están recluidos en prisión. De hecho, según  la ONU, El Salvador es uno de los países más violento del mundo.

La mayoría de esos delincuentes pertenecen a las Mara Salvatrucha (MS) y al Barrio 18, ambos grupos responsables del 70 por ciento de los homicidios y el 90 por ciento de las extorsiones que se cometen en ese país centroamericano.

A pesar de las distintas acciones y estrategias legales de parte del Gobierno para frenar la violencia en el ¨pulgarcito¨ de América, como se le conoce popularmente a El Salvador, esas pandillas violentas no habían dejado de matar.  Quizás por esa situación de impotencia frente a un fenómeno que cada vez se extiende a otros países es que las autoridades salvadoreñas decidieron cambiar de estrategia.

La tregua de las Maras

A finales de febrero, El Salvador vivía una brutal confrontación entre las fuerzas de seguridad del Estado y  los grupos de delincuentes, provocado en parte por la designación de los nuevos cargos al frente de la seguridad nacional, quienes afirmaban que iban con todas contra las maras.

En ese movimiento político del presidente, interpretado como el retorno de la mano dura, es decir la imposición de la represión sobre  el modelo de prevención de la violencia, aparecieron las maras en acción.

Somos conscientes que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El salvador” decía un comunicado firmado por los jefes de las maras.

El comunicado surgió inmediatamente después de que el periódico digital El Faro publicará que el Gobierno de Funes estaba negociando con las maras.

La investigación periodística afirmaba que como parte de las negociaciones el Gobierno trasladaría a los líderes de las maras, de las cárceles de máxima seguridad a otras con menores restricciones y donde pudieran recibir visitas de familiares. A cambio las maras dejarían de matar.

Y así fue. El Salvador acostumbrado  a tener unas de las tasas más altas de homicidio en todo el mundo, pasó a registrar de 12 y 14 homicidios todos los días durante los últimos años, a tener entre 5 y 6 en las últimas semanas.

La posición del Gobierno

El Gobierno ha mantenido una postura bastante ambigua sobre  la  negociación con las pandillas, pues por un lado negaron la existencia de tal acuerdo para reducir la violencia, pero por el otro han sido incapaces de explicar las distintas  versiones en relación al traslado de los presos.

El presidente Mauricio Funes  ha salido al frente de las críticas sobre el tema, diciendo que ellos  solo sirvieron de facilitadores para que la Iglesia Católica pactara la tregua y que no tenían que ver nada con la misma, sin embargo exhortó a la sociedad salvadoreña para que  responda a las necesidades de integración planteadas por las maras en el comunicado.

De momento se respira un poco de tranquilidad en ese país. No obstante,  todavía hay muchas interrogantes por despejar. Los salvadoreños están en la obligación de saber que fue lo que se pactó con las maras, el Gobierno de explicar lo sucedido y algo más importante será conocer la estrategia que seguirán las autoridades después de la tregua.

Si el presidente no actúan con una estrategia integral, lo más seguro es que las estadísticas de homicidio vuelvan a sus niveles históricos, y algo más vergonzoso aún, que su gobierno fracase otra vez en su lucha contra la violencia de las maras.

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El dilema de Tío Sam y las drogas en Centroamérica

Por: Deylin Gutiérrez

Hay dos cosas que a mi juicio han quedado claras en el debate sobre la despenalización de las drogas en Centroamérica. La primera es que Estados Unidos no quiere hablar de ese tema ni por más que se lo pida el mismísimo Tío Sam. La segunda es que la propuesta hecha por el presidente de Guatemala de legalizar las drogas como medida para  reducir la violencia en la región tendrá que esperar más tiempo. De momento el tema ha sido planteado y es muy probable que de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse a mediados de abril en Colombia  se alcancen acuerdos importantes al respecto.

A inicios de este año el nuevo presidente de  Guatemala, Otto Pérez sorprendió a Washington cuando dijo  a los periodistas que iba a proponer a los gobiernos de Centroamérica la despenalización del tráfico y consumo de drogas en sus territorios.

Lo hacía porque “la inversión para enfrentar ese flagelo ha sido multimillonaria, ha lesionado a los Estados y su capacidad de atender los problemas internos como la pobreza”.  Lo hacía también porque su país es uno de los que más está sufriendo las consecuencias del narcotráfico en la región, sobre todo ahora que los cárteles mexicanos han desplazado sus operaciones a la región, ante la guerra abierta que se libra en México contra ese mal social.

Pero el gobierno de los Estados Unidos entiende esta problemática desde una perspectiva distinta a la del resto de países centroamericanos. Para ellos el tema del narcotráfico y el consumo de drogas no es un asunto prioritario dentro de su política nacional, aunque digan lo contrario.

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden fue el último de una serie de funcionarios, entre ellos la Secretaria  de Seguridad que se  refirió  a la propuesta de legalización de las drogas del presidente guatemalteco. Lo hizo en Honduras, y como era de esperar, en la misma línea que  el resto de funcionarios norteamericanos oponiéndose a la propuesta de despenalización  y a continuar con la estrategia de militarización que está aplicado su gobierno en México.

El segundo al mando de  los Estados Unidos,  se reunió con todos los presidentes de la región centroamericana e hizo los compromisos que suele hacer su gobierno en estas reuniones.  Prometió apoyar la estrategia de seguridad regional con 107 millones de dólares para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado a pesar de la recesión económica.

Sin embargo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega le recordó a Biden que en julio del 2011 el gobierno estadounidense prometió mil 800 millones para diversos proyectos y el combate al narcotráfico, pero que solo llegaron 80 millones de dólares.

Para el vice mandatario “Estados Unidos está absolutamente comprometido en ganar la batalla al narcotráfico. Trabajamos para reducir la demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo de armas a la región y nuestra responsabilidad es derrotar a la actividad en su conjunto”

Lo que sucede en este caso es que el gobierno de Washington suele ser bastante contradictorio con este tema.  El gobierno   sostiene que legalizar las drogas es una gran amenaza para la salud pública y la seguridad. Sin embargo hay Estados de ese país donde han despenalizado la tenencia, consumo y cultivo de la marihuana con fines médicos.

Ahí está el Estado de California pionero en despenalizar los castigos sobre el uso de la marihuana con fines médicos, aprobado en un referendo en 1996.  Para consumir marihuana solo basta estar registrado  en una lista médica y pagar un impuesto.

En los Estados Unidos hay 16 Estados, entre ellos Washington D.C, donde se permite el uso médico de la marihuana. En Arizona te permiten  portar 28 gramos de cannabis,  mientras que en la capital estadounidense  puedes tener más de 700 gramos.

Según la Encuesta Nacional de Drogas de los Estados Unidos realizada en 2010 ha aumentado el consumo de marihuana en ese país, que paso de 14.4 millones de consumidores a 17.4 millones. Cerca de 23 millones de jóvenes entre 12 y 17 años habían usado drogas en el 2010, una cifra similar a la de 2009.

La ONU presentó recientemente un informe en el que destaca la dramática situación que viven los países centroamericanos del norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) donde en la actualidad operan unas 900 maras, integradas por más de 70 mil hombres que controlan el tránsito de las drogas.

 Según Naciones Unidas las cifras de homicidios se han elevado en  82 por cada cien mil habitantes en Hondura; 65 en El Salvador; y  40 en Guatemala. Es tan dramática esta situación que  uno de cada 50 hombres que viven en el triángulo del norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) morirá asesinado antes de cumplir 31 años.

Estados Unidos duda  de que la despenalización de las drogas en Centroamérica vaya a resolver los problemas de  delincuencia vinculado al narcotráfico, sin embargo  propone ampliar la estrategia de lucha frontal contra el tráfico de droga  que para muchos gobiernos esta  ha sido un fracaso.

En México ha servido de poco o nada la “guerra” que se libra contra los cárteles. Esa lucha ha provocado un aumento  en los asesinatos, torturas y violaciones a los derechos humanos.  Se calcula que más de 50 mil personas han sido muertas en México como consecuencia de la violencia contra los cárteles iniciada desde  2006.

La organización  Human Right  Watch  denunció el año pasado que esa estrategia de acoso y derribo contra el narco en tierra azteca no ha dado fruto, y por el contrario, ha encontrado evidencias que sugieren violaciones a los derechos humanos por parte de los militares mexicanos, mismas que no se han investigado adecuadamente y que criminaliza a las víctimas.

La última palabra sobre este tema la tendrán los gobiernos latinoamericanos cuando se reúnan en Colombia. De momento es poco probable que se despenalicen las drogas en la región, pero en este tema, que es muy sensible para Centroamérica, Estados Unidos sabe que debe dar señales claras, pues en política, como con la mujer de César, no solo hay que ser honrado, si no también parecerlo.

Un águila vuela sobre Grecia

La desgracia económica que vive Grecia desde hace dos años como consecuencia de los brutales recortes estatales podría  describirse como la que vivió Prometeo, un personaje de la mitología griega que fue castigado por los dioses por robar el fuego y dárselo a los hombres.

En esta historia de trampas y engaños, los políticos de la Grecia actual ocuparían el lugar de Prometeo, la gente que le rodeaba sería la misma que hoy lucha en las calles de Atenas en contra de los ajustes y Zeus sería la Unión Europea.

Prometeo engañó a Zeus en un banquete cuando al sacrificar un buey en vez de darle de comer la mejor parte del animal, le dio a probar los huesos cubiertos de una apetitosa grasa. Al descubrir Zeus la trampa que le había urdido Prometeo se enfadó y privó a los hombres del fuego.

El gobierno de Grecia también engañó a su Dios, pero no a Zeus, si no a la Unión Europea. Lo hizo cuando maquilló las cuentas públicas para ajustarlas a las exigencias económicas  que les dejaría entrar en el euro.  El partido conservador, que gobernaba Grecia en ese momento, aseguraba que el  déficit del Estado era de un 3,7 por ciento, cuando en realidad era de un 12,7 por ciento.

Pero hay diferencias con el engaño de Prometeo a Zeus. En el pergeñado por los políticos griegos, su Dios sabía que le estaban engañando, prueba de ello es que el actual Primer Ministro de ese país, Lucas Papadimos,  era uno de los funcionario de la Unión Europea que vigilaba las cuentas públicas cuando Grecia entró al euro.

Esa mentira, que fue descubierta hace más de dos años por los organismos económicos, ha sido el principio de una cadena de castigos que ha caído sobre el pueblo heleno.

Para desafíos estaba Prometeo. Éste nunca hizo caso a los castigos de los dioses y continúo desafiándoles. Subió al monte Olimpo y  robó el fuego para que la gente pudiera calentarse. Tras enterarse Zeus de este segundo engaño decidió vengarse. Envió a Pandora, una mujer creada de arcilla, portadora de una caja que contenía todas las desgracias con la quería castigar a la humanidad.

Esa caja sería hoy comparable con el paquete de recortes de derechos a los griegos, impuesto por la Unión Europea y encabezados por la Primer Ministro de Alemania, Angela Merkel.

En 2010 el gobierno griego, agobiado por la crisis económica que le dificultaba hacer frente  a las cuentas públicas, solicitó un préstamo a la Unión Europea y se comprometió a tomar medidas drásticas. Entre éstas estaba la disminución del salario a más de 600 mil empleados públicos en un 10 por ciento.  El recorte  de un 30 por ciento  de la paga navideña (aguinaldo) y el aumento  de la edad de jubilación de 60 a 63 años.

Pero como si esto fuese poco para un pueblo que ha dado a Europa su cultura e identidad, Zeus decidió vengarse de Prometeo después de hacerlo con la humanidad.  Lo mandó a capturar para ser encadenado y lo llevó a una montaña grande donde todos los días llegaba un águila hambrienta a comérsele el hígado. Como era inmortal  éste se le regeneraba. Eso hacía que cada noche llegase el  cruel depredador a comerse el órgano, con lo cual el sufrimiento era eterno.

En abril del año pasado el gobierno de Grecia  se comprometió a aplicar unos nuevos recortes que contemplan el envío a la reserva de más de 30 mil funcionarios públicos previo al despido o a la jubilación. Aplicó  una segunda reducción del salario en un 15 por ciento. Los jubilados menores de 55 años perderían un 40 por ciento del importe de las pensiones.

Los dioses de la UE han sido más crueles que el mismo Zeus. Estos no solo han aplicado a los griegos los castigos de la caja que destapó Pandora, si no que sumaron a esa desgracia los que infligieron a Prometeo. Ambos castigos son sangrantes y  tienen la peculiaridad de ser eternos. Así que no se asusten los griegos cuando todos los días llegue el águila a devorarles el hígado, pues ahora lamentablemente no solo será parte de su cotidianidad, sino también que puede entrar sin pasaporte.

En esta repetición del mito, los políticos-Prometeo tampoco deben temer nada. Fueron apartados de sus cargos, pero la parte del castigo que les correspondía no la pagaran  ellos. Otros hígados serán devorados y ya sabemos los de quien.

Las huellas de Garzón en Centroamérica

El juez Baltasar Garzón, inhabilitado recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España y famoso por ordenar el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 por  violaciones a los derechos humanos ha influido mucho en la región centroamericana desde hace algunos años.

El concepto de internacionalización de la justicia y de los derechos humanos que aplicó Garzón hasta hace unos meses desde la Audiencia Nacional de Madrid- el juez fue separado de su cargo desde el 2010- fueron determinantes para que la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, buscara justicia en España por los crímenes cometidos contra los miles de indígenas guatemaltecos asesinados entre 1978 y 1986.

En diciembre de 1999, la Nobel de la Paz interpuso una denuncia en un juzgado de Madrid contra ocho militares guatemaltecos, entre ellos el golpista José Efraín Ríos Montt por los delitos de  genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas. Lo hacía según contó en su momento porque en su país no había hallado si no “negación de la justicia”.

La denuncia, que marcó un hito en la jurisprudencia española y que sigue su curso judicial pese a los alegatos de la defensa, hizo que el Tribunal Constitucional de este país europeo proclamara el principio de justicia universal, es decir que los jueces tuviesen competencia para investigar los delitos de lesa humanidad aunque no hubiese víctimas españolas.

En el caso de Guatemala, la denuncia de Menchú llegó al juzgado en el que trabajaba Baltasar Garzón, y aunque  éste no llevo el caso,  sus colegas han sabido investigar con entereza los delitos contra los indígenas de Guatemala.

Pero el mediático Juez Garzón ha estado también en la primera línea de algunos hechos importantes para la justicia en Centroamérica. Pocas semanas después del golpe de Estado en Honduras ocurrido en junio de 2009, el juez español estuvo ahí junto a unos colegas para tratar un taller sobre las atribuciones de la Corte Penal Internacional y las acciones que se podrían emprender contra los violadores de los derechos humanos derivados del golpe de Estado.

El  controversial jurista rechazó el golpe de Estado y dijo que no le cabía en la cabeza  que haya una forma diferente de resolver las cosas que no fuese a través de las vías democráticas

En octubre del año pasado regresó a Tegucigalpa para impartir una conferencia sobre  la “Impunidad, la libertad de expresión y la justicia” y para continuar investigando los delitos cometidos durante el golpe militar que sacó del poder al entonces Presidente, Manuel Zelaya.

La última vez que visitó Centroamérica fue  a finales del año pasado en San José donde participó como invitado por el Instituto  Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para  hablar del derecho de las víctimas  y la justicia.  Ahí frente a un concurrido público defendió la dignidad de  estás personas que “son incomodas para todos”,  por el derecho que tienen a ser escuchadas, protegidas y respetadas en el proceso judicial.

 El magistrado abogó por  la reparación de los daños a las víctimas que se dan en buena medida mediante la participación de estas en el proceso, y que por lo tanto se debe de garantizar por ley su participación en la acción penal.

En la conferencia Garzón volvió a referirse al tema de la violencia y la inseguridad que azota principalmente a los países del norte de Centroamérica y en la que destacó la incapacidad de los Estados para hacer frente a esta problemática y la necesidad de involucrar a los ciudadanos en los proyectos de seguridad.

El juez garzón ha sido suspendido de la carreta judicial española tras encontrársele culpable del delito de prevaricación al ordenar la intercepción de comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de una trama de corrupción en España. La condena impuesta por sus colegas ha sido catalogada de revanchista y ha tenido una repercusión mundial.