México criminaliza a los niños inmigrantes de Centroamérica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de denunciar, lo que  varias organizaciones mexicanas vienen señalando desde hace muchos años: México criminaliza a los niños inmigrantes de la región  centroamericana y  lejos de resolver un problema, lo ha agudizado.  Lejos de ser comprensivos con la situación de los migrantes, se vuelven   un obstáculo más , como si  a los mexicanos no les pasase lo mismo en los Estados Unidos.

El principal organismos de derechos humanos del continente ha presentado un informe en el propio territorio mexicano en el que acusa a las autoridades de ese país que,  tras constatar el  aumento de los niños migrantes, han hecho poco o nada para atajar esa problemática.

La CIDH ha señalado que la actuación de México frente a lo que ellos llaman  una crisis humanitaria ha sido contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y a la propia constitución de ese país.

Felipe González, relator de la CIHD,  reconoció que “En México la situación no ha cambiado, persisten las violaciones sexuales  contra niñas, niños y adolescentes, los secuestros, las detenciones, las ejecuciones de migrantes, y muchas de esas violaciones son cometidas por policías, criminales comunes y el crimen organizado”.

La presentación del informe ha traído como consecuencia  que  el gobierno federal de México se haya comprometido a reorientar sus políticas migratorias ante los numerosos reportes de abusos y maltratos  de los inmigrantes.

Niños inmigrantes en "La bestia"

Pero todos sabemos, que a la hora de la verdad  esos son solo compromisos y que el comportamiento de México con los menores inmigrantes y con el resto de gente que pasa por su territorio depende más de lo que diga  Estados Unidos,  que de lo que hagan o digan ellos.

A raíz del escándalo con los menores inmigrantes, el periódico El Universal de México,  publicó una investigación periodística en la que denunciaba al  gobierno de ese país por negar el asilo a los niños, pese a tener constancia  del riesgo de deportarlos.

La publicación  señalaba que  en 2013 se detuvo  a 9, 893 niños procedentes de varios países centroamericanos, de los cuales solamente 50 obtuvieron el estatus de refugiados.  El resto (84%) fueron deportados y  solamente 1,493 se quedaron ahí porque tenían algún vínculo con un mexicano.

De enero a Julio de este año, las autoridades mexicanas han deportado  a 7,600  menores de Centroamérica y solamente 1 de cada 10 ha conseguido el asilo.

Pero a los organismos de derechos humanos de México, les preocupa  la política de detención y deportación sistemática de menores  no acompañados,  sin  saber  siquiera si se les aplicó un debido proceso de asilo  o se les deportó a pesar del riesgo.

El Centro de Derechos Humanos  Fray Matías de Córdova  denunció recientemente un caso que retrata  la difícil situación que atraviesan los menores inmigrantes en México.

Se trata de un joven de 17 años, originario de El Salvador,  quien intentó quitarse la vida colgándose de una sabana en un albergue para menores de Tapachula, en el estado de Chiapas. El muchacho huía de la violencia de su padrastro y de las amenazas de muertes de las pandillas y en el  centro era acosado por su aparente bisexualidad. Al adolescente le negaron el asilo.

Aunque las autoridades mexicanas se empeñen en decir que la migración de menores, no puede bajo ningún  concepto interpretarse como un problema de seguridad, y que no hay ninguna intencionalidad de violentar la integridad de éstas personas, la realidad dice lo contrario.

Hace tiempo ya,  que México perdió soberanía sobre sus  decisiones políticas en relación a los inmigrantes centroamericanos -si es que alguna vez las ha tomado- se ha plegado a los intereses de su vecino del norte y  ha ninguneado a los del sur sin recibir nada a cambio.

Si no es así, que se lo pregunten a los millones de mexicanos que llevan años esperando la famosa reforma migratoria para poder ser alguien en los Estados Unidos y que saben que no  será fácil, pues para los políticos del norte no hay amigos, si no intereses, y por ahora eso  no es una prioridad aunque quieran hacernos creer lo contrario. Lo triste de toda esta historia es que los mexicanos con tal de quedar bien con los Estados Unidos, son capaces de pelearse hasta con la misma virgen de Guadalupe a la que tanto veneran.

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Las hijas de la violencia

Por Deylin Gutiérrez

Imagen  de la agencia VU Miquel Dewever-Plana y de la periodista y escritora Isabelle Fougère.

Imagen de la agencia VU Miquel Dewever-Plana y de la periodista y escritora Isabelle Fougère.

Yo quería ser una mujer fuerte para que nunca me golpearan como a mi madre. Quería ser mejor para no dejarme lastimar por un hombre… En la calle buscaba amor, compresión, alguien que me diera afecto, pero yo sabía desde un principio que mi primera regla era matar, matar para conseguir amor.

Eso es lo que cuenta Alma, una ex marera guatemalteca en el documental web: Alma (hija de la violencia) que se estrenó haces unas semanas en las redes sociales y en la que narra sus andanzas en el infierno de la violencia.

Después de unos días le dijeron: ahora te vamos a bautizar, vas a integrar la  pandilla y vas a ser una de nosotros.  Y le dieron dos opciones: ¿quieres que te brinquemos a la ley del cholo -que era que me violaran- o  quieres que te golpeemos igual que a los homis?

Ella se decidió por la segunda, porque no quería ser una chica débil, quería sentirse con fuerza y que la respetaran igual que a los chicos. La idea de la violación no le hacía mucha gracia, pues había participado en una como espectadora, y no le gustó lo que vio aquella noche.

Y es que cuando se habla de las maras, se tiene la impresión de que ese es un mundo exclusivamente para los hombres. Sin embargo, hay evidencias bastante claras de que las mujeres también participan en esas actividades delictivas y Alma es una de ella.

El rol que desempeñan las mujeres en esos grupos está ligado a su condición sexual, y así como ocurre en otras esferas sociales, están subordinadas a lo que diga el varón.

En su mayoría se dedican a las labores del hogar, a cuidar a los enfermos y en menor grado al tráfico de armas y de drogas. Pero en los últimos años, éstas se han visto involucradas en actividades más violentas.

No se conocen cifras oficiales de las mujeres centroamericanas que están metidas en esos grupos criminales, sin embargo hay estudios independientes que sugieren que un 40 por ciento de las personas que dicen ser pandilleras son mujeres.

En Honduras, el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) calcula que en ese país hay un 20 por ciento de mujeres que pertenecen a estos grupos.

La mayoría de ellas, están organizadas en la mara Salvatrucha (MS-13) y operan principalmente en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo.

Hace unos meses la Policía de Honduras alertó sobre el aumento en la participación de las mujeres en las pandillas criminales, y que éstas  estarían siendo entrenadas para actuar como sicarios.

El estudio Violentas y violentadas, elaborado en Guatemala, por la Initiative for Peacebuildingconcluyó que la experiencia de las mujeres en las maras está marcado por la violencia, la dominación y el miedo a su contraparte masculina.  Esas situaciones las viven en sus hogares, la continúan experimentando en las pandillas y la repite con su pareja, incluso después de abandonar la pandilla.

El documento revela que la vía más común para que las mujeres ingresaran a las pandillas  ha sido el noviazgo.  Ellas tienen una relación previa con un miembro de la pandilla y éste les facilita su incorporación al grupo.

Los motivos principales por los que abandonan esos grupos suele ser por la maternidad, cuando deciden crear una familia,  o cuando se meten a un grupo religioso.  Cuando se retiran deben de contar con la aprobación del grupo, si no es así serán consideradas unas traidoras y pueden pagarlo hasta con su vida.

Pasar durante cinco años en el infierno de las maras dejó a Alma secuelas difíciles de borrar. El día que le dijo a sus compañeros que dejaba la “clica”, éstos la dispararon varias veces y pensaron que la habían matado. Hoy está en una silla de rueda y en su pecho solo queda la marca de lo que fue su vida en esos grupos delincuenciales: los tatuajes.

Aquí puedes ver el documental completo de Alma – Hija de la violencia: http://alma.arte.tv/es/

El negocio de la inseguridad en Centroamérica

Las empresas de seguridad privada que operan en Centroamérica son en algunas ocasiones parte del problema estructural de inseguridad que afecta a la región. Sus beneficios dependen en gran medida del grado de violencia que se presente en la zona o de la relación que exista entre sus propietarios con las fuerzas del orden.

Un informe de la Federación Panamericana de Seguridad Privada presentado recientemente indica que en la región hay más de 200 mil personas dedicadas a este negocio, ubicadas principalmente en los países con mayor actividad delictiva.

Comúnmente se tiene la idea de que el auge de este tipo de empresas tiene una relación directamente proporcional con el aumento de la violencia en Centroamérica y por la incapacidad de las autoridades policiales para hacer frente al tema de la inseguridad, lo cual es cierto, pero no del todo.

También ha tenido que ver, la incursión a este tipo de negocios de algunos ex militares y ex policías, quienes han querido mantenerse activos valiéndose de sus relaciones y de la experiencia acumulada en su profesión.

Un informe de la OEA –publicado en 2008- sobre la seguridad privada como respuesta  a la seguridad en zonas urbanas, refiere que en Honduras estas empresas surgieron en la década de los años ochenta dentro de la propia policía y de las fuerzas armadas.

Los empresarios recurrían a las autoridades militares para contratar los servicios de seguridad privada y eran éstos los que además les otorgaban los permisos de funcionamiento para crear esos negocios.

En El Salvador esas empresas surgieron después del conflicto armado de los años ochenta. A pesar de las prohibiciones legales, la Policía tiene un programa denominado Bolsa de Trabajo Policial, que es voluntario y al que pueden acogerse aquellos oficiales que tenga un buen expediente disciplinario y que demuestren problemas económicos. Los funcionarios se encargan de la  vigilancia privada de los espectáculos y de los actos masivos.

En Guatemala, el país con mayor guardia de seguridad de la región, este tipo de negocios surgieron a principios de los años setenta y uno de los servicios que más ofrecían y lo siguen haciendo es, el de los antisecuestros. También ayudan a las víctimas que han sufrido algún tipo de extorsión.

En ese país, el 75 por ciento de las empresas de seguridad privada están gestionadas por ex militares y el 25 por ciento por ex policías.

En los últimos años, en la región se ha creado una economía poderosa relacionada con la inseguridad, tanto que hay más agentes de seguridad privada que miembros de las fuerzas públicas.

En Guatemala, según el periódico hondureño Proceso, es donde hay más agentes privados que policías de toda la región. Para proteger a los casi 13 millones de guatemaltecos hay unos 120 mil guardias de seguridad privada frente a los casi 20 mil oficiales del orden. Esos datos ubican a ese país centroamericano en uno de los más desproporcionados de todo el continente.

Pero hay también otras preocupaciones relacionada con estas empresas y es el tema de las regulaciones y de sus vínculos con actividades ilegales. En Honduras los guardias de seguridad privada se han visto involucrados en actos de violencia por un conflicto de tierras que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos.

Mientras en Costa Rica, una de cada cinco empresas de seguridad está bajo investigación por el desempeño irregular de sus agentes y muchas de éstas tienen los papeles vencidos desde hace más de diez años.

Es innegable  que  con el crecimiento de estas empresas han aumentado también la percepción de seguridad en algunas zonas, pero en aquellas donde no las hay se corre el riesgo de que la gente quede excluida y gestione sus propios mecanismos de defensa.

Las condiciones de seguridad pública que deberían de ser garantizadas por el Estado, cada vez se ven mermadas por la participación de la empresa privada, en una clara competencia de atribuciones. Si la situación sigue así, es probable que eso de la seguridad sea un asunto privado como tantos otros servicios que hay en la región.

El juicio a Costa Rica

 

Hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José,  empezó a juzgar al Estado de Costa Rica por ser el único país del continente que prohíbe la fecundación in vitro (FIV). La demanda la interpusieron hace algunos años nueve familias de ese país que tenían problemas de esterilidad y que no podían someterse a un proceso de inseminación, ya que esas prácticas de reproducción están prohibidas por ley.

En 2002 la Sala Constitucional de este país centroamericano determinó  que la fecundación in vitro violaba el derecho a la vida de los embriones fecundados, pues al aplicar esa técnica se desechaban algunos de éstos antes de ser implantados en el útero de la mujer.

Las familias que quieren someterse a un tratamiento de inseminación tienen que viajar a otros países y pagar grandes cantidades de dinero. En Colombia por ejemplo, el proceso de fecundación cuesta unos 10 mil dólares, según el Instituto Costarricense de Infertilidad.

La resolución judicial, cuyos argumentos parecen extraídos de los anales de la Conferencia Episcopal de ese país y no del máximo intérprete de la Constitución de un Estado laico, ha sido fuertemente cuestionada por  organizaciones civiles de Costa Rica.

Sin embargo, no hay que perder de vista que esa resolución no solamente es un guiño a la Iglesia católica y demás congregaciones religiosas de San José, si no que se enmarcan dentro de un contexto jurídico que dista mucho de la realidad política de ese país.

Los políticos costarricenses han legislado desde hace muchos años teniendo como referencia los principios religiosos de la Iglesia católica y prueba de ello es que la mayoría de Constituciones que ha tenido Costa Rica en toda su vida democrática siempre empiezan con una invocación religiosa.

El Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla intentó el año pasado aprobar varios proyectos de ley que flexibilizara el debate sobre  el tema y así evitar ir a los tribunales y someterse a una condena, sin embargo esos proyectos no fueron aprobados por el Congreso costarricense.

La actual Constitución política de Costa Rica, vigente desde noviembre de 1949, reconoce en el artículo 75 a la religión católica, apostólica y romana como la religión estatal. El Estado costarricense es el único de Iberoamérica que se considera confesional, el resto de países son laicos.

Actualmente hay una propuesta de reforma constitucional promovida desde el 2009 por  el Movimiento por un Estado Laico que reúne a varias organizaciones civiles, sociales, religiosas y académicas. La propuesta que pretende incorporar la neutralidad religiosa fue impulsada por 13 diputados de distintos partidos, incluido el de Liberación Nacional, partido en el poder.

El Gobierno de la presidenta Chinchilla debe de abandonar  la idea de establecer un concordato con el Vaticano a cambio de quitar la palabra católica de la Constitución tal y como se viene hablando en los últimos meses, porque aunque la mayoría de la población se declare a fin a la Iglesia de Roma, hay otro tanto por ciento que no lo es, y para ser justos, habría entonces que establecer también relaciones con esos otros grupos religiosos.

Está por verse si prosperará o no  esa reforma constitucional, lo que si queda claro es que los grupos de presión ligados a los conservadores de ese país han estado firmes desde sus púlpitos intentando imponer una moral que no concuerda con estos tiempos y que ni la sociedad costarricense necesita.  En las últimas semanas la Iglesia y los grupos fundamentalistas se opusieron fuertemente a la aprobación de la asignatura de educación sexual que promueve el Gobierno.