La Haya le devuelve a Nicaragua miles de kilómetros de mar

Desde hace unos días el mapa de Nicaragua es más grande. La Corte Internacional de Justicia (ICJ) le concedió más de 100 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe, que durante muchos años estuvieron en posesión de Colombia, pero que legalmente no eran de ese país.

Todo comenzó en los años 80,  el primer Gobierno sandinista decidió desconocer un tratado entre Nicaragua y Colombia, firmado en 1928 (Bárcenas-Esguerra). En ese acuerdo Managua cedía a Bogotá la soberanía del archipiélago de San Andrés, ubicado en el mar Caribe, y por ese gesto obtendría del país suramericano una parte del mar que nunca fue definida.

La estrategia de Colombia

Desde hace varias décadas y  por razones de la geopolítica, Colombia ha pretendido dominar las aguas del Caribe central. La plataforma continental nicaragüense  es una de las más grandes de los países caribeños y una de las más ricas en biodiversidad. Colombia empezó su estrategia de dominación en Honduras, vecino de Nicaragua en el norte, pero no le fue bien.

En diciembre de 1999 el Gobierno de Nicaragua, reaccionó airado después de que Tegucigalpa y Bogotá ratificaran el tratado (Ramírez-López) en el que definían sus fronteras en el Atlántico, y en el que se lesionaban los intereses de Managua. Esa delimitación despojaba a Nicaragua de unos 130 mil kilómetros cuadrados de plataforma marítima.

Nicaragua demandó a Honduras ante la Corte de la Haya para que suspendiese la ratificación de ese tratado, y de paso delimitase el espacio marítimo de ambos países en el Caribe.

En 2007 el Tribunal internacional estableció los límites de los dos países centroamericanos que no fueron precisamente los que decía el acuerdo Ramírez-López.

Con esas cartas jugadas  en el escenario internacional, Nicaragua decidió ir a por Colombia. El 6 de diciembre del 2001 el país centroamericano demandó al Estado colombiano en La Haya para que éste organismo le devolviese la soberanía sobre el grupo de islas que estaban en posesión del país andino gracias al acuerdo firmado en 1928, y además que definiera el límite fronterizo entre ambos países.

En un complejo proceso judicial, que duró más de diez años, la Corte falló finalmente el pasado 19 de noviembre.  El máximo tribunal reconoció la soberanía de Colombia sobre ese grupo de islas que Nicaragua reclamaba como suyas, sin embargo le cedió al país centroamericano una importante porción de más de 100 mil kilómetros cuadrados que Bogotá explotaba desde hacía mucho tiempo. El país andino mantiene la soberanía sobre las islas, pero perdió parte de su territorio marítimo.

Nicaragua en el banquillo de La Haya

Nicaragua es el país centroamericano que más ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia (ICJ). La mayoría de veces que ha ido lo ha hecho para demandar temas de delimitación marítima, pero también ha asistido por temas políticos.

El país centroamericano se estrenó en La Haya en 1958 cuando fue demandado por el Gobierno de Honduras para que reconociese una resolución emitida por el Rey de España en 1906 en el que se determinaba la frontera entre ambos países.

Pero el caso más importante que le ha tocado enfrentar a Nicaragua fue la demanda que interpuso contra el Gobierno de los Estados Unidos en abril de 1984. Nicaragua logró demostrar ante la Corte Internacional que el Gobierno de Washington había violado el derecho internacional al financiar la guerra de los años 80 en contra del pueblo nicaragüense.

De las once veces que Nicaragua ha estado sentada en el banquillo de La Haya, nueve   ha  sido como demandante o como demandado por otro país de la región centroamericana, excepto en el caso de los , y solamente tres lo ha hecho como parte de un conflicto entre otros  países.

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El negocio de la inseguridad en Centroamérica

Las empresas de seguridad privada que operan en Centroamérica son en algunas ocasiones parte del problema estructural de inseguridad que afecta a la región. Sus beneficios dependen en gran medida del grado de violencia que se presente en la zona o de la relación que exista entre sus propietarios con las fuerzas del orden.

Un informe de la Federación Panamericana de Seguridad Privada presentado recientemente indica que en la región hay más de 200 mil personas dedicadas a este negocio, ubicadas principalmente en los países con mayor actividad delictiva.

Comúnmente se tiene la idea de que el auge de este tipo de empresas tiene una relación directamente proporcional con el aumento de la violencia en Centroamérica y por la incapacidad de las autoridades policiales para hacer frente al tema de la inseguridad, lo cual es cierto, pero no del todo.

También ha tenido que ver, la incursión a este tipo de negocios de algunos ex militares y ex policías, quienes han querido mantenerse activos valiéndose de sus relaciones y de la experiencia acumulada en su profesión.

Un informe de la OEA –publicado en 2008- sobre la seguridad privada como respuesta  a la seguridad en zonas urbanas, refiere que en Honduras estas empresas surgieron en la década de los años ochenta dentro de la propia policía y de las fuerzas armadas.

Los empresarios recurrían a las autoridades militares para contratar los servicios de seguridad privada y eran éstos los que además les otorgaban los permisos de funcionamiento para crear esos negocios.

En El Salvador esas empresas surgieron después del conflicto armado de los años ochenta. A pesar de las prohibiciones legales, la Policía tiene un programa denominado Bolsa de Trabajo Policial, que es voluntario y al que pueden acogerse aquellos oficiales que tenga un buen expediente disciplinario y que demuestren problemas económicos. Los funcionarios se encargan de la  vigilancia privada de los espectáculos y de los actos masivos.

En Guatemala, el país con mayor guardia de seguridad de la región, este tipo de negocios surgieron a principios de los años setenta y uno de los servicios que más ofrecían y lo siguen haciendo es, el de los antisecuestros. También ayudan a las víctimas que han sufrido algún tipo de extorsión.

En ese país, el 75 por ciento de las empresas de seguridad privada están gestionadas por ex militares y el 25 por ciento por ex policías.

En los últimos años, en la región se ha creado una economía poderosa relacionada con la inseguridad, tanto que hay más agentes de seguridad privada que miembros de las fuerzas públicas.

En Guatemala, según el periódico hondureño Proceso, es donde hay más agentes privados que policías de toda la región. Para proteger a los casi 13 millones de guatemaltecos hay unos 120 mil guardias de seguridad privada frente a los casi 20 mil oficiales del orden. Esos datos ubican a ese país centroamericano en uno de los más desproporcionados de todo el continente.

Pero hay también otras preocupaciones relacionada con estas empresas y es el tema de las regulaciones y de sus vínculos con actividades ilegales. En Honduras los guardias de seguridad privada se han visto involucrados en actos de violencia por un conflicto de tierras que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos.

Mientras en Costa Rica, una de cada cinco empresas de seguridad está bajo investigación por el desempeño irregular de sus agentes y muchas de éstas tienen los papeles vencidos desde hace más de diez años.

Es innegable  que  con el crecimiento de estas empresas han aumentado también la percepción de seguridad en algunas zonas, pero en aquellas donde no las hay se corre el riesgo de que la gente quede excluida y gestione sus propios mecanismos de defensa.

Las condiciones de seguridad pública que deberían de ser garantizadas por el Estado, cada vez se ven mermadas por la participación de la empresa privada, en una clara competencia de atribuciones. Si la situación sigue así, es probable que eso de la seguridad sea un asunto privado como tantos otros servicios que hay en la región.