El juicio a Costa Rica

 

Hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José,  empezó a juzgar al Estado de Costa Rica por ser el único país del continente que prohíbe la fecundación in vitro (FIV). La demanda la interpusieron hace algunos años nueve familias de ese país que tenían problemas de esterilidad y que no podían someterse a un proceso de inseminación, ya que esas prácticas de reproducción están prohibidas por ley.

En 2002 la Sala Constitucional de este país centroamericano determinó  que la fecundación in vitro violaba el derecho a la vida de los embriones fecundados, pues al aplicar esa técnica se desechaban algunos de éstos antes de ser implantados en el útero de la mujer.

Las familias que quieren someterse a un tratamiento de inseminación tienen que viajar a otros países y pagar grandes cantidades de dinero. En Colombia por ejemplo, el proceso de fecundación cuesta unos 10 mil dólares, según el Instituto Costarricense de Infertilidad.

La resolución judicial, cuyos argumentos parecen extraídos de los anales de la Conferencia Episcopal de ese país y no del máximo intérprete de la Constitución de un Estado laico, ha sido fuertemente cuestionada por  organizaciones civiles de Costa Rica.

Sin embargo, no hay que perder de vista que esa resolución no solamente es un guiño a la Iglesia católica y demás congregaciones religiosas de San José, si no que se enmarcan dentro de un contexto jurídico que dista mucho de la realidad política de ese país.

Los políticos costarricenses han legislado desde hace muchos años teniendo como referencia los principios religiosos de la Iglesia católica y prueba de ello es que la mayoría de Constituciones que ha tenido Costa Rica en toda su vida democrática siempre empiezan con una invocación religiosa.

El Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla intentó el año pasado aprobar varios proyectos de ley que flexibilizara el debate sobre  el tema y así evitar ir a los tribunales y someterse a una condena, sin embargo esos proyectos no fueron aprobados por el Congreso costarricense.

La actual Constitución política de Costa Rica, vigente desde noviembre de 1949, reconoce en el artículo 75 a la religión católica, apostólica y romana como la religión estatal. El Estado costarricense es el único de Iberoamérica que se considera confesional, el resto de países son laicos.

Actualmente hay una propuesta de reforma constitucional promovida desde el 2009 por  el Movimiento por un Estado Laico que reúne a varias organizaciones civiles, sociales, religiosas y académicas. La propuesta que pretende incorporar la neutralidad religiosa fue impulsada por 13 diputados de distintos partidos, incluido el de Liberación Nacional, partido en el poder.

El Gobierno de la presidenta Chinchilla debe de abandonar  la idea de establecer un concordato con el Vaticano a cambio de quitar la palabra católica de la Constitución tal y como se viene hablando en los últimos meses, porque aunque la mayoría de la población se declare a fin a la Iglesia de Roma, hay otro tanto por ciento que no lo es, y para ser justos, habría entonces que establecer también relaciones con esos otros grupos religiosos.

Está por verse si prosperará o no  esa reforma constitucional, lo que si queda claro es que los grupos de presión ligados a los conservadores de ese país han estado firmes desde sus púlpitos intentando imponer una moral que no concuerda con estos tiempos y que ni la sociedad costarricense necesita.  En las últimas semanas la Iglesia y los grupos fundamentalistas se opusieron fuertemente a la aprobación de la asignatura de educación sexual que promueve el Gobierno.